Argumentos de peso contra el Real Decreto 1/2012 aprobado en España
La Alianza por la Bioenergía evalúa el empleo y las inversiones que se perderán debido a la aplicación del RD 1/2012 que suprime las primas a la producción eléctrica con fuentes de energía renovable.
La Alianza asegura que este RD “supone, además, mayor dependencia energética para el país y un aumento de sus costes energéticos a medida que suben los precios del petróleo y del gas natural”.
Los firmantes del comunicado destacan las importantes ventajas de la biomasa: es más barata que los combustibles fósiles; contribuye al mantenimiento de los ecosistemas forestales y a la gestión de subproductos y residuos industriales y agroindustriales; fomenta y valoriza los sumideros de carbono y, socialmente, genera mucho empleo de forma continua en toda la cadena de gestión y producción: hasta 135 empleos por cada 10.000 habitantes, frente a 9 derivados del uso de combustibles fósiles (datos de AEBIOM y FAO).
Cuatro argumentos
Según la Alianza por la Bioenergía la norma no es justa puesto que la potencia instalada con biomasa en España sigue muy alejada de los objetivos; se deteriora un sector industrial nacional que había apostado por la innovación y la internacionalización; se pierden beneficios ambientales, de desarrollo rural y económicos; y se destruye y deja de crear empleo e inversión.
La potencia instalada con biomasa o biogás aún se sitúa muy lejos de los objetivos. El vigente Plan de Energías Renovables (PER) ya había recortado el objetivo a 870 MW con biomasa sólida, y sólo existen 16 plantas operativas de biogás de origen agro-ganadero con 9,5 MW instalados, apenas un 10% del objetivo en el antiguo PER.
La Alianza considera que el RD crea una incertidumbre que daña a todo el tejido industrial surgido alrededor de la generación eléctrica con biomasa. Esto repercutirá de forma negativa en la internacionalización de muchas empresas. Además, las pymes que no pueden abordar la internacionalización pueden verse en una situación muy complicada, e incluso desaparecer.
Pérdida de beneficios socio-ambientales
La Alianza destaca que la valorización energética de la biomasa soluciona la eliminación de residuos y subproductos forestales, agrícolas y agroindustriales, que, de otra manera, pueden causar graves problemas medioambientales, como incendios y emisiones de metano.
La producción de biomasa específica para uso energético “supone un enorme impulso al desarrollo rural: pone en cultivo tierras no utilizadas para producir alimentos, crea empleos diversificados y posibilita la continuidad de la actividad del sector agrario”. Pero con el RD “se pierde una oportunidad de generar empleo en medio rural y un instrumento precioso de reconversión agraria y fijación de población”.
Desde la Alianza subrayan que la biomasa “mejora la balanza comercial por la reducción de la importación de combustibles fósiles” ya que, al ser una fuente de energía gestionable, no necesita un respaldo en forma de ciclo combinado de gas. Y añaden que, al igual que el resto de energías en régimen especial, la biomasa disminuye el precio de mercado o pool de la energía. Al ofertar siempre su energía a precio cero, se reduce el precio de casación, lográndose ahorrar unos 20 €/MWh sobre el total de la energía casada en el sistema: unos 25 GW de media horaria anual.
Pérdida de inversión y empleo
Pero, afirma la Alianza, “el principal efecto derivado de la entrada en vigor de este RD va a ser el despido de numerosos trabajadores y la pérdida de oportunidad en la contratación de muchos otros”.
La biomasa es la fuente de energía que más puestos de trabajo genera: 20 empleos/MW durante la construcción (2-3 años); y más de 10 empleos/MW durante el periodo de explotación, y la mayoría son generados en zonas rurales.
Solo con la paralización de 750 MW (38 instalaciones con biomasa sólida) se dejarán de crear 8.500 empleos y se perderá una inversión de 2.500 millones de euros durante 6-8 años. A lo que se añaden 34 proyectos de biogás (15 MW), que supondrá una pérdida de inversión de 110 millones y más de 500 puestos de trabajo.
Las Administraciones también lo sentirán; los Ayuntamientos dejarán de ingresar 18 millones de euros en forma de impuestos de obra y construcción (un 2,5% de la inversión total), y no se recaudará Impuesto de Sociedades y contribuciones a la Seguridad Social por los puestos de trabajo que no llegarán a crearse.
El comunicado de la Alianza por la Bioenergía fue firmado por las principales asociaciones sectoriales de la bioenergía Adabe, Aebig, Asemfo, Aserma, Avebiom y Cose.
Se puede leer el Comunicado íntegro en: www.avebiom.org
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